“El panorama es muy complicado”. Esas fueron las palabras utilizadas por un investigador para describir el presente del narcotráfico en el país y en la provincia, en particular. Fue una frase que describe que falta de todo para hacerle frente a un delito que no deja de avanzar. Una definición contundente para alertar que la prevención, la investigación y la persecución penal son insuficientes contra una actividad ilícita que cambia de rutas y de actores permanentemente. El Estado nacional es una especie de médico que tiene un diagnóstico, pero no aplica el remedio para frenar el mal.
Tucumán está lejos de las fronteras, pero es el paso obligado de la droga. En menos de 40 días, las autoridades secuestraron 847 kilos de cocaína que en frontera tiene un valor de U$S 474.181 (en el puerto de Buenos Aires se quintuplica su valor y los mercados de Estados Unidos y Europa es 10 veces más) y más de 20 kilos de marihuana. ¿Cuánta más droga habrá pasado? No hay una respuesta exacta, pero con seguridad mucha más. ¿Qué cantidad quedará en esta provincia? Es otro enigma, aunque todos creen que es suficiente para proveer el número creciente de puestos de venta de sustancias en todo el territorio.
“Levantamos una piedra y encontramos dosis”, advirtió un comisario al hacer un balance sobre la aplicación de la ley de Narcomenudeo. Por las estadísticas que se informan, la norma es un éxito, pero en las últimas semanas surgió un interrogante: ¿podrá mantenerse en el tiempo si la Nación no colabora con el tráfico de grandes cantidades de sustancias? Aquí sí hay una certeza: cuanta más droga ingrese a la provincia, más crecerá la comercialización.
Por tierra, por aire y por agua
El año pasado, los especialistas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informaron que la producción de cocaína había aumentado un 200% en Bolivia y en Perú. El organismo sostuvo además que esa sustancia era distribuida desde esos países a todo el mundo. También había advertido sobre nuevas rutas y nuevos actores que no hacían otra cosa más que incrementar el negocio ilícito. La Argentina no tomó la decisión política de responder a esas advertencias.
En los últimos años, gendarmes y prefectos fueron trasladados de las zonas de fronteras a las grandes urbes para realizar tareas de prevención del delito dejando desprotegidos los pasos limítrofes y la cuenca del Paraná, fundamentalmente. Los radares que detectan los llamados vuelos narcos dejaron de funcionar o son obsoletos. Cualquier piloto sabe que puede trasladar sustancias volando a menos de 3.000 metros de altura. Productores tucumanos, en su reclamo por mayor seguridad, se mostraron preocupados por la cantidad de aeronaves que recorren el cielo del noreste de la provincia en horarios atípicos. No ocultaron la preocupación al sostener que sus campos podían ser utilizados como pistas clandestinas o zonas para arrojar cargamentos ilegales.
Para acompañar la ley de Narcomenudeo, el Gobierno puso en marcha un plan para blindar sus fronteras: lo llamó Operativo Lapacho. Los funcionarios tucumanos expusieron sus resultados en una reunión del Consejo de Seguridad Interior, La Nación no sólo prometió apoyo, sino que además invitó a las provincias de la Región a sumarse a la iniciativa. Pasó casi un año y nada se hizo. Tucumán ahora es la única provincia que tiene escáneres para realizar controles de carga, pese a que el tráfico de sustancias es un delito que debe perseguir el Estado nacional.
Teoría
Las últimas teorías dan cuenta que la cocaína ingresa a nuestro país tiene un solo destino: los puertos argentinos para trasladarla finalmente a los europeos y norteamericanos. La hidrovía, por la falta de controles, terminó transformándose en una ruta ideal para los narcos. Tucumán aparece como paso obligado de esa sustancia, ya sea por aire o por tierra. En el caso de la marihuana, los secuestros se concretaron en Trancas. Esos procedimientos dejaron al descubierto que ahora esa droga también ingresa desde el norte, cuando históricamente procedía del litoral.
En esta hipótesis aparecen nuevos nombres. Uno de ellos es el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más temidas a nivel mundial. El grupo, nacido en las cárceles brasileñas de San Pablo para mitigar los efectos de la crisis carcelaria, muy parecida a la que se vive en nuestra provincia, tiene unos 40.000 seguidores en ese país y unos 1.500 en Argentina, según los informes de inteligencia del Servicio Penitenciario. Instalados en Paraguay y Uruguay, comenzaron a ver al NOA como un lugar clave para continuar con sus operaciones. En Tucumán no aparecen mencionados en ninguna causa, pero su presencia en la región es un secreto a voces.
Sin medios
En la Justicia Federal reconocieron que en Tucumán poco se puede hacer para frenar este avance. “Esos grupos necesitan logística para seguir con el negocio. Aquí hay personas que pueden aportarles mostrándoles cuál es el camino que pueden transitar y los lugares donde puede acopiar para luego distribuir”, indicó una fuente de una fuerza de seguridad. Dos fiscales, con un equipo de menos de una docena de personas, son los que deben realizar esta tarea.
A la falta de prevención y de recursos para investigar, se agrega otro problema: la lenta persecución penal en contra de las personas vinculadas al tráfico de drogas en grandes cantidades. El Tribunal Oral Federal (TOF) está desarticulado desde hace bastante tiempo. Cuentan que Carlos Jiménez Montilla, el único magistrado que conserva su cargo, sólo conduce las audiencias de manera virtual, es decir, no se presenta en la sala. En todo el 2022 se hicieron cinco juicios orales y sólo uno de ellos fue por drogas. En lo que va de 2023, también hubo cinco debates orales, y dos de ellos fueron por causas de estupefacientes.
Un juicio por droga es clave. En las audiencias pueden surgir datos para abrir nuevas investigaciones o ampliar acusaciones contra otras personas. Pero eso no ocurre por la casi paralización del TOF y por ese motivo se incrementaron los juicios abreviados. En 2022 se firmaron 37 acuerdos, 36 por drogas y, en lo que va del año, se firmaron 56 convenios, 50 por cuestiones vinculadas a expedientes narcos. Con esos números y con la realidad, los sonidos de las alarmas narcos siguen sonando.